Argentina, granero del porro

04/05/2021

Cannabis. La palabra flotó, salida de la boca del Presidente. Una nube de nieve en el aire dos veces respirado de la Cámara de Diputados. Una intrusa alienígena y alucinógena en la pompa y circunstancia oratorias del discurso del Estado de la Nación. Una solemnidad anual, pero en 2021 con el marco ominoso de la pandemia. El 1° de marzo, en la inauguración de las sesiones parlamentarias de este pandémico 2021, Alberto Fernández colaba el anuncio cannábico como una buena noticia psicodélica entre otras irreductibles en su monótona monocromía: bajas en el impuesto a las ganancias, victoriosas ofensivas futuras contra endeudadores seriales, liberación de tarifas dolarizadas, reformas de la Justicia que prometían revoluciones para el fin de la Injusticia para multitudes en busca de ídolos en busca de multitudes, y otras eternidades gastadas por el uso. Cannabis se balanceaba, palabra latina pero no jurídica del presidente abogado profesor de Derecho hijo de juez, ante los ojos bien abiertos de otros dos abogados exitosos, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la izquierda y a la derecha el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa.

Con didactismo de voz  pausada, que nunca revela ni aceleración ni cansancio en una exposición donde todas las partes están calificadas con igual puntaje, Fernández anunció que el Gobierno argentino impulsará un proyecto de ley de fomento a la industrialización de la marihuana. Considerandos:

El cannabis tiene propiedades de gran utilidad con fines medicinales e industriales.

La industria mundial del cannabis medicinal triplicará su volumen de negocios en los próximos cinco años.

El proyecto prevé la utilización del cultivo exclusivamente con fines de industrialización para uso medicinal e industrial.

Antes de pasar al asunto siguiente, aplausos tibios de la platea legislativa, raleada por los protocolos profilácticos que nos recuerdan nuestra soledad y nuestra enfermedad, aprobaron el incentivo para la droga blanda. Más tórrida fue la reacción del sector privado, todavía incipiente, con intereses en este nicho herbáceo. También de provincias y municipios que quieren cultivar la variedad sativa para diversificar las matrices productivas en sus dominios. No es para menos. Son tiempos de un boom verde que hace estallar, restallar, fumar y facturar al globo. Según la Cámara Argentina del Cannabis (ArgenCann), se espera que en 2027 el mercado mundial de la industria cannábica mueva más de 40 mil millones de dólares: verde que te quiero verde. La tasa de crecimiento anual superará el 30 por ciento. Con este escenario, la Argentina podría generar un mercado interno de 450 millones de dólares. La semilla del proyecto industrializador argentino se plantó en noviembre del año pasado, cuando se volvió a reglamentar la Ley 27.350, de uso medicinal del cannabis, aprobada por el gobierno de Mauricio Macri. La iniciativa sancionada en 2017 fue un bluff. En su reglamentación imponía rigores y limitaciones: sólo admitía su uso para la epilepsia refractaria, prohibía el autocultivo, no reglamentaba la producción nacional y no aceptaba ventas por farmacias. Todas flores que se abrieron con la nueva norma.

Por el carril legislativo, en octubre de 2020, las diputadas del Frente de Todos Mara Brawer y Carolina Gaillard presentaron un proyecto de ley para desarrollar la industria del cáñamo, una variedad de la planta con contenido de THC, el componente psicoactivo, menor al 1 por ciento. La meta es fabricar desde fibras, papel y materiales para la construcción, hasta bebidas, infusiones, suplementos dietarios e incluso biocombustible. “Hay que destacar que si hubo un cambio de paradigma y la sociedad entendió que el uso del cannabis medicinal no es el mismo que el recreativo, ahora es momento de comprender que el cáñamo es una oportunidad para el desarrollo sustentable e industrial de la Argentina. Si cerramos este debate, generamos puestos de trabajo, desarrollo económico e industrias novedosas”, explica Brawer en diálogo con Rolling Stone. Tomando esta iniciativa como referencia, el Ejecutivo decidió unificar el proyecto cáñamo con el medicinal, para la producción local en diversas esferas. En el verano hubo fumata blanca: se está armando con paciencia y el aporte de un tridente ministerial que incluye las carteras de Salud, Desarrollo Productivo y Ciencia, Tecnología e Innovación.

En paralelo, o mejor dicho en el centro de sus luchas históricas, están las organizaciones civiles y de usuarios que miran con golosa expectativa estas iniciativas. Apuntan a más políticas públicas superadoras, por las que batallan desde hace demasiados años. Después del paso en falso de 2017, quieren analizar cómo se implementa el proyecto, si avanza en el Parlamento. No la ansiada legalización del consumo adulto recreativo, ni mucho menos. Pero abrir las puertas a su discusión. El desarrollo de la industria cannábica acerca el horizonte. ¿O lo terminará ocultando tras una cortina de humo?

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Seis años atrás, el doctor Marcelo Morante predicaba sobre la marihuana en un desierto de prejuicios y desconocimiento. Los tiempos cambian. En noviembre pasado, este internista y médico rural fue designado coordinador del Programa Nacional de Investigación sobre los usos Medicinales de Cannabis del Ministerio de Salud. “Soy especialista en medicina del dolor. En 2015, mi hermana Mariela, que también es médica, estaba postrada a causa de las convulsiones que le producía un neurolupus, al que no le encontrábamos solución. Me puse a investigar y descubrí el cannabis medicinal. Entonces me fui a Canadá para formarme y poder tratarla con el aceite, algo que era un tabú en nuestro país”, cuenta el galeno nacido y criado en General La Madrid -retengan en la memoria esta localidad-, un pueblo del centro-sur profundo bonaerense.

Con el tratamiento, Mariela mostró una franca mejoría en su calidad de vida. Marcelo siguió estudiando, militó la causa y se convirtió en una eminencia, que incorporó a sus clases de Medicina del Dolor en la Universidad Nacional de La Plata: “Me di cuenta de que estábamos formando médicos jóvenes que sabían mucho de evidencia y poco del sufrimiento. Salían de la facultad sin una herramienta para pelearle al dolor, como es el cannabis. Entonces propuse algo nuevo, discutir sobre lo que no sabíamos. En nuestro arte de la medicina, buscamos curar, pero también generar un acto de amor, acompañar al paciente, que tenga paz y menos sufrimientos. Por eso no podíamos dejarlo afuera.” Los hermanos Morante escribieron un libro a cuatro manos: Sin dolor. Historias íntimas del cannabis medicinal. En un apartado arriesgan: “El compromiso, el perdón y el amor son las mejores herramientas contra el dolor.” Cuánta razón.

Desde el Ministerio de Salud, Morante señala que la reglamentación de noviembre pasado ensanchó las perspectivas para el uso medicinal del cannabis: “De alguna manera, se empieza a construir un escenario real. La ley tenía un sesgo restrictivo que favorecía el mercado negro. El principal cambio es que ahora hay un Estado presente y se trabaja en la reparación con respecto al acceso al producto y el alcance de la ley penal. Por ejemplo, tenemos por un lado una legislación que prohíbe la tenencia y a la vez una ley que permite el uso medicinal. Esas son paradojas que hay que resolver. Entonces, hay que trabajar la nueva ley sobre tres pilares: el acceso, las cuestiones penales y el posible desarrollo productivo, como explicó el presidente.” Avanzan en propuestas con un consejo consultivo junto al aporte de varias ONG, el Conicet, el INTA, la ANMAT, el INASE, la ANLAP, un consejo interuniversitario y la Defensoría del Pueblo.

Morante va más allá de la mirada terapéutica y traza puentes con el proyecto desarrollista que esbozó Fernández: “Empieza en la semilla y llega al producto elaborado. Eso genera toda una cadena de valor productivo y se abren escenarios de crecimiento económico. Hay provincias como Jujuy, San Juan, San Luis, La Rioja y muchos municipios que empiezan a ver al cannabis como cualquier otro cultivo. Una actividad que puede generar trabajo e ingreso de divisas para sus regiones. Lo llamativo de la propuesta es que la Argentina empieza a hacerlo desde una pequeña ley de investigación de cannabis medicinal, que es insuficiente. Se abre un escenario distinto y hay que conducirlo a una ley superadora, más integral y apuntando al desarrollo. Sin dejar de lado a los pacientes, por eso abrimos el Reprocann, el registro para quienes se les recetó el uso medicinal. No puede ser que estén en riesgo de tener una causa penal porque usan el aceite o porque plantan. La gente se juga la libertad. La idea base es ampliar derechos.”

Con una anécdota de sus pagos, Morante grafica, campechano, el cambio de época que vive nuestro país: “Una vez fui a dar una charla al Sedronar y me dijeron que la Argentina no estaba preparada para discutir sobre cannabis. Es como si yo pensara que cuando me toca dar clases, los estudiantes no están preparados para aprender. Al poco tiempo di la charla en mi pueblo, bien rural y de no más de 8000 habitantes. Por ahí se puede pensar que es gente con prejuicios, pero no. Vinieron el cura, el maestro, el policía, todos. Me escuchaban hablar de sistema endocannabinoide y decían, ‘mirá vos, qué bueno, puede ayudar al que la pasa mal’”. Al otro día, recuerda Marcelo, un periodista de la CNN que andaba por La Madrid siguiendo el tema, frenó en la calle a un gaucho y le preguntó qué opinaba del cannabis medicinal. El paisano, con sabiduría de hombre de a caballo, respondió: “Si hace bien, que lo coma el que lo necesite”. El ‘tordo’ Morante dice que el razonamiento del gaucho puede parecer primitivo, pero es de un irrefutable realismo: “Se llame cannabis o marihuana, si te hace bien, hay que aprovechar la herramienta. Si hace mal, hay que discutirlo, entender cómo funciona, estudiarlo, crear leyes que lo regulen. Vamos en ese camino”.

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Cuando escuchó al presidente  hablar de cannabis medicinal en el Congreso, Valeria Salach sintió que la larga lucha que llevaron adelante con sus compañeras de Mamá Cultiva progresaba a una nueva etapa: “Seguimos subiendo escalones. Después de poner el tema en agenda, ahora trataremos de incidir. De pelear para que la ley no beneficie a unos pocos, que la producción sea justa para todos. Lo vamos a hacer con más militancia. El anterior presidente hablaba de ‘guerra contra el narco’, el actual parece un poco más amigable. Es un cambio de paradigma. Aunque queda mucho para trabajar.”

De una pelea gotita a gotita para conseguir el derecho al uso medicinal del cannabis nació Mamá Cultiva. Las madres cultivadoras son una pieza esencial del mundo cannábico, para los fallos judiciales que dan su visto bueno al autocultivo y para la sanción de normativas progresistas. Salech es  fundadora y presidenta de la ONG gestada en abril de 2016. Su hijo Emiliano nació con epilepsia. Tomaba cinco medicamentos para darles pelea a las convulsiones y nunca mejoraba: “En 2014 empezamos a usar cannabis y vimos un cambio radical. De ser un nene que no me miraba a los ojos, empezó sonreír, pedirme jugo, tener una mejor calidad de vida. Entonces me fui corriendo para la escuela especial donde iba Emiliano y les conté al resto de las mamás. Me dijeron que era ilegal, que los médicos no lo recomendaban. Noté que faltaba información, reinaba el desconocimiento. Ahí se me ocurrió hacer una campaña, luchar. Y al conocer a otros familiares me di cuenta de que no estaba sola”. 

La de Mamá Cultiva fue una militancia muy boca en boca, que se fue tejiendo en talleres, charlas, marchas, campañas en redes sociales, repetidas visitas al Congreso para acercar sus propuestas a los legisladores: “Hablar del cannabis desde la salud fue clave –destaca Valeria-. ¿Quién le va a decir que no a una mamá que pelea por mejorarle la calidad de vida a su hijo?” En menos de un año, sus propuestas se estaban discutiendo en el Parlamento: “Nosotras queríamos un proyecto de uso y regulación del cannabis medicinal, pero en 2017 salió una ley de investigación de cannabis, nada que ver. Igual, lo vimos como una apertura. Nos puso en agenda por primera vez. Imaginate que en esa época fui al programa de Mirtha Legrand y a la otra semana di un taller que estaba repleto de gente de la tercera edad. Hay mucha demanda de información sobre el tema y una ausencia total de políticas públicas. Mamá Cultiva asumió un rol central, donde el Estado no estaba. Ahora queremos ver cómo avanzan las nuevas iniciativas, como el desarrollo de la producción. No queremos una ley Marlboro, tiene que ser inclusiva. Lo que nos saca el sueño es que el Estado funcione como un ente regulador que permita jugar a todos y todas, que no regulen sólo el mercado y los grandes jugadores”.

¿Les da temor el lobby de las grandes farmacéuticas y que el proyecto se enfoque sólo en el posible negocio?

-Está bien que sea un gran negocio. Pero hay que agregar valor a la cadena productiva. Que esto no sea sólo cultivar, exportar flores a Canadá y que después ellos nos vendan los aceites, el champú y otros productos. Hay que salir de esa mirada extractivista. Te lo dejo claro, yo soy feminista, voy por la inclusión. No reniego de la industria. Pero la iniciativa no tiene que dejar afuera a los pequeños y medianos productores, a las economías populares. Nosotras somos productoras, damos respuestas a las demandas de la gente. Sabemos de lo que estamos hablando. Aunque se apruebe una ley de producción este año, va a pasar bastante tiempo hasta lograr un producto decente de fabricación nacional. Nosotras lo logramos hace bastante tiempo.

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Aunque se ganó el mango como politólogo, director de Sistemas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el palo de las telecomunicaciones, lo que realmente le apasiona a Pablo Fazio es el emprendedurismo. A finales de los años noventa, antes de que el neoliberalismo se hiciera añicos por los aires en estas pampas, Fazio tuvo su bautismo de fuego en el mundo emprendedor con su marca de cerveza artesanal Otro Mundo. Quince años de su vida, recuerda, le dedicó a las birras. Hace un tiempo, su olfato atento a los nuevos negocios lo acercó al cannabis: “Me empezó a llamar la atención que las empresas pusieran plata en ese espacio. Me metí de curioso, pude viajar y visitar ferias y congresos. Se me abrió un planeta nuevo. Estaba viendo algo que estaba a punto de explotar, una industria disruptiva del siglo XXI”. Fue la semilla de Pampa Hemp, un emprendimiento ligado a la biotecnología, del cual es el CEO.

¿Por qué decís disruptiva?

-Básicamente por el potencial. Por ahí uno piensa en cannabis y sólo se asocia al fumar o, en los últimos tiempos, con el uso medicinal para algunas patologías, pero hay que entender que hay un montón de satélites de industrialización: cervezas, alimentos, productos veterinarios, materiales de bioconstrucción, hasta ladrillos de fibra de cáñamo se pueden hacer. El textil también es un nicho más tradicional. De hecho, parte del tema de la prohibición tiene que ver con una guerra comercial, porque el cáñamo competía con la industria petrolera y el algodón. Lo dicen los libros de Historia. 

En 2017, con su socio Sebastián Tedesco, diseñador industrial y cannabicultor con brevet de décadas en el gremio, empezaron a recorrer ministerios con la intención de impulsar el desarrollo productivo de la planta: “Que se discutiera. Pensá que el marco regulatorio era pobre, restrictivo y totalmente de espaldas a la actividad privada”. En esas caminatas conocieron a otros emprendedores que estaban quebrando lanzas contra los mismos molinos de viento. Decidieron agruparse, trabajar un músculo colectivo, una agenda: “Algo más allá del interés individual por desarrollar una actividad rentable. Éramos conscientes de que la Argentina no podía quedar afuera de la agenda de inversiones que el cannabis le estaba proponiendo al mundo”. Así nació la Cámara Argentina del Cannabis (ArgenCann), con el objetivo de crear redes de emprendedores e impulsar una regulación integral que permita fomentar el desarrollo económico. Al principio era cinco gatos locos, hoy suman más de cien pequeños y medianos empresarios.

El contexto estuvo muy verde hasta diciembre de 2019. Fue madurando con el cambio de gobierno: “Las primeras señales se dieron al mes, cuando en una entrevista la ministra de Seguridad Sabina Frederic dijo que la despenalización del consumo adulto responsable de cannabis estaba en la agenda para resolver. Se me prendió la lamparita y como Cámara conseguimos una reunión con la ministra. Me acuerdo que le llevé de regalo un paquete de yerba mate uruguaya con CBD, el cannabinoide que tiene efectos medicinales. Me agradeció el gesto, pero no me lo recibió. En realidad era algo simbólico, contarle que en el debate público que se abría con el cannabis medicinal, había todo un universo que nadie estaba mirando, la agenda de desarrollo económico, de inversión, de creación de puestos de trabajo, de dinamismo de las economías regionales. Le mostramos catálogos de productos. Chocolates, pisos flotantes, ladrillos. Nos dio la razón y nos contactó con el Conicet. El año pasado participamos en la reglamentación de la ley junto a otros actores. La cereza del postre fue el paper que acercamos al Ministerio de Desarrollo Productivo. Nuestras propuestas entran en la agenda del proyecto de ley que se está discutiendo desde el verano y anunció el presidente. Se está volviendo realidad nuestro sueño, un nuevo marco regulatorio productivo para el cannabis. Humildemente, sentimos que ponemos nuestro granito de arena.”

Pampa Hemp firmó el primer acuerdo público-privado para la producción de cannabis en la Argentina. A finales de marzo consiguió la autorización del Ministerio de Salud para poner en funcionamiento el primer cultivo, en la localidad bonaerense de Pergamino. Los invernaderos, asegura Facio, son una pinturita: “La prioridad es el cannabis medicinal. Argentina tiene un mercado que debe ser abastecido. Tener materia prima y enfocarnos en la producción con fines farmacéuticos es el primer objetivo. Cuando cambie el marco regulatorio, la idea es ir diversificando, es muy amplio el universo. Quién sabe lo que va a pasar en el país de acá a dos años.”

Igualmente, hace futurología. Si el proyecto avanza, Fazio imagina que para 2023 Argentina podría generar 1500 puestos de trabajo en la producción primaria, “el tocar la planta”, y miles más en la cadena de valor. Desde la genética hasta la logística: “Creo también que no hay que entrar en falsos dilemas, somos un país agroexportador. Si tenemos la posibilidad de producir cannabis y exportarlo, hay que hacerlo, porque necesitamos dólares como oxígeno. Y en paralelo, hacer una apuesta a construir valor, agregarle creatividad e innovación, somos un país agroindustrial y agroalimentario, por qué no vamos a poder hacerlo. El Estado tiene que crear incentivos, sin impuestos que asfixien, porque esta industria tiene que ser incubada. No se puede pensar que decimos ‘cannabis’, se hace magia y va a venir un montón de plata fácil.”

Al despedirse, el emprendedor afirma que la industria del cannabis global es como un organismo vivo que va mutando semana a semana: “Legalizan el consumo adulto en Nueva York, se discute lo mismo en México, en Uruguay y Colombia se avanza con la exportación de flores, en Estados Unidos se crearon 250 mil empleos formales. Venimos de 70 años de prohibición y hay mucho por hacer en una industria súper nueva. Ojalá se pueda”.

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Un año atrás, cuando empezó a investigar el potencial industrial del cáñamo, la diputada Mara Brawer descubrió el vacío de conocimientos que reinaba sobre el tema en la Argentina. “Sabíamos que era una variedad del cannabis que produce mínimas dosis de THC, en resumen, no ‘pega’. Que las velas de las carabelas de Colón estaban hechas de cáñamo. Que Manuel Belgrano promovió su cultivo en nuestro suelo. Que en su momento se hacían ropa y sogas. Que hubo empresas en los años setenta, como la Linera Bonaerense y la Algodonera Flandria, que con cáñamo fabricaban suelas de alpargatas y materiales para la construcción, antes de que los militares las cerraran. Y ahí me metí a investigar y descubrí emprendedores que estaban desarrollando productos en la actualidad.”

Brawer detalla que en 1961, la primera Convención de Drogas de las Naciones Unidas excluyó al cáñamo de la lista de las sustancias fiscalizadas. Pero la ley de drogas que decretó la dictadura en el ’77 determinó la absoluta prohibición de su producción en la Argentina. Su cultivo es legal en Estados Unidos, Italia, Francia y Colombia, para fines industriales y hortícolas. Es una commodity más que cotiza en bolsa.

La legisladora peronista es psicóloga, especialista en temáticas ligadas a la educación. Con teoría lacaniana explica las resistencias que tuvo que enfrentar cuando comenzó a esbozar su proyecto: “El estigma que tiene la planta. Los lingüistas hablan de los desplazamientos significantes. Antes, cuando en la sociedad argentina se hablaba de marihuana, se la asociaba a lo ‘malo’, ‘droga’, ‘narco’. Después hubo un desplazamiento y se empezó a hablar del cannabis medicinal, ‘bueno’, ‘a estudiar’. Ahora, el tercer elemento que queremos incorporar es el cáñamo. Ahí había un vació de información. Cuando argumentaba en reuniones con otros diputados y explicaba su historia y características, sin dudas me decían que había que avanzar con su desarrollo económico, con un marco legal, con controles.”

Usos muy volados se pueden proyectar para la industrialización del cáñamo: automotrices como Wolkswagen fabrican autopartes. Se hacen saborizantes para champán y cerveza. Aceite con combinación de Omega 3, 6 y 9, que dicen es muy nutritivo, no genera colesterol y ayuda a su disminución. Sus semillas son ricas en aminoácidos. La industria de la nutrición lo recibe con los brazos abiertos. Remplaza a la fibra de vidrio y al plástico. Tiene huella carbono negativa. Es reparador del suelo: se usa en Chernobyl y en la zona de Vaca Muerta para revivir a la Pachamama. Brawer cuenta que usa a diario unos anteojos muy coquetos cuyo armazón está forjado en cáñamo: “Por qué voy a comprar algo de plástico, si estos son sustentables y ecológicos. Los emprendedores que los hacen, me dicen que si levantamos las restricciones, arrancan a producir. Esto va a crecer mucho en el futuro.”

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Jujuy sueña con un Silicon Valley cannábico.  En la localidad de Perico, a 30 kilómetros de San Salvador, está la finca El Pongo, punta de lanza del proyecto estatal de producción industrial de cannabis con fines medicinales. Es la sede de Cannava, sociedad del Estado provincial que quiere transformarse en un futurista polo agrícola, tecnológico y científico pintado de verde marihuana. El presidente de la empresa es Gastón Morales. Fue designado en su cargo por el gobierno de su padre, Gerardo Morales, mandatario cambiemita de origen radical que maneja los destinos de la provincia norteña desde diciembre de 2015.

“Este es un proyecto prioritario para la gobernación. Va en línea con tendencias de desarrollo global. Es todo un desafío político y económico, impulsado 100% por el Estado”, aclara el joven abogado de 35 años, sobre el emprendimiento que ya recibió 4 millones de dólares en inversiones de las arcas públicas.

Hace pocas semanas, Cannava prendió sus motores. Está produciendo el primer ingrediente farmacéutico activo nacional. Made in Jujuy. “En diciembre inauguramos el laboratorio piloto. Ahí se hace el proceso de extracción, purificación y formulación farmacéutica. Actualmente podemos procesar 2 kilos de cannabis por día, ya llevamos 67 desde diciembre. Siete litros de ingrediente farmacéutico activo tenemos producidos”, detalla Morales.

El salto industrial lo van a dar a mitad de año, cuando esté terminado el complejo biotecnológico, con un laboratorio de 600 metros cuadrados. Para junio llegarán desde Estados Unidos los extractores, evaporadores, destiladores y otras maquinarias para llevar la producción a niveles pantagruélicos. Anhelan procesar 67 kilos de cannabis por hora, dos o tres hectáreas al mes de las 35 que tienen autorizadas para trabajar. En 2023, estiman, tendrán 2000 hectáreas plantadas –a campo e indoor- en toda la provincia. Jujuy será así el verdadero granero cannábico del país. “Hablar de 600 hectáreas es lo mínimo –precisa Morales-, para crear un sistema de pequeños productores y abrir el juego al sector privado, invertir y hacer un ciclo virtuoso con la pata pública”.

No todo, sin embargo, es color esperanza. Diversas agrupaciones cannábicas y pequeños productores denuncian que no han tenido posibilidades de participar en el proyecto estatal.  “Vamos volcar el conocimiento en los pequeños productores, para incorporarlos al sistema provincial de producción de cannabis –responde el presidente de Cannava-. Queremos que sea un pilar productivo, para dejar atrás el tabaco y la caña de azúcar, dos commodities que están en franco retroceso, de los cuales dependen 15 mil familias. La provincia tiene que pasar de un esquema clásico de economía primaria, a uno agrícola, atravesado por la ciencia y la tecnología. El cannabis puede generar 20 mil puestos de trabajo para Jujuy”.

Morales cree que la apertura industrializadora despeja el camino para la legalización futura del consumo responsable: “Más allá del tema de la libertad individual, que tiene mucha jurisprudencia, es fundamental que el sistema político asuma el tema con madurez. Mirarlo de frente, a los ojos, tratarlo. Cambiaron los paradigmas en la lucha contra el narcotráfico. La prohibición fue lo que le dio al narco el poder económico que tiene. Además, la ilegalidad lleva a la violencia. Es un tema que hay que encarar en forma inteligente y sincerando las cosas.”

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La provincia de Buenos Aires no es ajena al boom verde. A pocos meses de la nueva reglamentación de la Ley de Uso Medicinal del Cannabis, se multiplican los municipios que regulan el uso público de la planta: más de una docena ya presentaron sus propias normativas. Desde el primer cordón del Conurbano hasta localidades bien rurales ven la posibilidad de pasar a la legalidad.

General La Madrid fue el pionero. El municipio erecto a 450 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires es la meca del cannabis medicinal en la Argentina. “La experiencia empezó en 2015, en una charla que dio nuestro paisano Marcelo Morante, actual coordinador de investigación sobre los usos medicinales de la planta en el Ministerio de Salud. Contó la historia de su hermana y cómo mejoró su calidad de vida con el aceite. Se generó un clima en el Salón Blanco de la municipalidad, no sé cómo describirlo, de emoción, no parábamos de aplaudir. Entonces se decidió hacer una ordenanza en el Concejo Deliberante y pedir a los diputados que despenalicen el uso medicinal y de investigación. No hubo grietas, acompañaron todos los bloques”, hace memoria el intendente Martín Randazzo.

Desde ese momento, el pueblo de La Madrid se plantó. Fueron tapa de revistas, objeto de informes televisivos y sede de un seminario regional que recibió 1600 asistentes: “Imaginate que tenemos una capacidad hotelera para 100 personas y alojamos 500 –hace números Randazzo-. Se abrieron las casas de familia para el encuentro. Esta es una lucha que atraviesa edades, géneros, ideologías, todos empujando para el mismo lado, por una herramienta que mejora la calidad de vida de mucha gente que la pasa mal”.

Luchar sirve. El pasado 25 de marzo, la pequeña localidad enclavada en la pampa húmeda recibió la autorización de Salud para iniciar el cultivo de cannabis con fines de investigación. El intendente explica la alegría que se vive en el pueblo: “Veníamos con viento en contra, huracanado, pero empieza a salir el sol, vamos a plantar legalmente. Somos el primer municipio que lo va a hacer. El Estado estaba ausente, la ley de 2017 no era buena. En un país empobrecido, hubiese sido suicida comprar el aceite de cannabis importado. Sobre todo teniendo la posibilidad y las tierras para hacerlo.”

Para ello, La Madrid tiene listo un espacio de 80 por 45 metros en su Parque Industrial. “Doble alambrado olímpico, iluminación, cámaras, ingreso biométricos y custodios. Un invernáculo de 10 por 30, con riego y pozo de agua –puntualiza-. Se van a producir plantas en base a semillas específicas con alto contenido de CBD y bajo en THC. Tenemos un potencial enorme. Se pueden abrir proyectos textiles, de cosméticos y veterinarios. En el contexto de crisis, necesitamos generar ingresos y trabajo. Está la causa noble por el lado medicinal. También la posibilidad de crecimiento económico. Qué más se le puede pedir a una herramienta que nos permite desarrollarnos como pueblo.”

En el Conurbano no tan profundo, San Martín hizo punta entre los municipios que se sumaron a la Ley nacional. Tiene aprobada una ordenanza para regular el autocultivo con fines medicinales, terapéuticos y paliativos. Además, avanza en la autorización de cultivos comunitarios y convenios con el Conicet y el INTA para fomentar la investigación. “Es una respuesta integral ante una realidad que sucedía de hecho. El Estado, algo tarde, hace propia las necesidades de las familias que usan el aceite y empieza a buscar soluciones. Crear normativas, una certificación, darles tranquilidad a los usuarios”, explica Mercedes Contreras, subsecretaria de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades del municipio.

Políticas públicas son las dos palabras que repite Contreras como un mantra: “Vivimos un cambio radical en la mirada que tiene la sociedad sobre el cannabis. La lucha de las organizaciones y de los familiares fue fundamental para visibilizar el tema. Pero lo más importante ahora es el trabajo del Estado codo a codo con la comunidad. En ese diálogo se construyen políticas públicas en serio.”

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Inclusión. Esa es la receta que propone la médica neuróloga Silvia Kochen para el proyecto industrial de cannabis argentino. “Obvio que se anotó primero la industria farmacéutica, pero tienen que aportar su voz las organizaciones civiles, los cannavicultores, las cooperativas, los científicos. Hay espacio para todos”.                                              

Kochen viene de la neurociencia y coordina la Red de Cannabis y sus Usos Medicinales (Racme) del Conicet. También es realizadora audiovisual. En plena pandemia, junto al cineasta Emiliano Serra, filmaron un documental con alto vuelo informativo sobre el devenir de la marihuana, sus usos terapéuticos y la maldita prohibición. Un recorrido histórico que comienza 1800 años antes de Cristo y llega hasta el presente. Se titula Cannabis medicinal y puede verse sin costos en Vimeo.

Para el debate que transita la Argentina, Kochen recomienda mirar la experiencia al otro lado del barroso Río de la Plata: “La ley uruguaya, en mi mirada, aunque todos la celebramos en su momento, fue un fracaso total. Pasó que el órgano regulador se puso en un lugar más papista que el Papa y no habilitó a nadie para producir. En Argentina tenemos que cambiar esa mirada hegemónica de que los únicos que pueden producir cannabis son las industrias farmacéuticas. Seguro que hay tensiones y presiones para definir el rumbo del proyecto. Espero que ganemos los buenos.”

La postrera calada reflexiva antes de que esta nota se apague o se haga humo queda a cargo de Martín Armada, editor general de la revista THC, publicación decana del universo cannábico nacional. El periodista blanquea que, más allá del anuncio del presidente en el Congreso, se desconocen hasta el momento la letra chica y aun la más grande de la iniciativa. Que no concentre el desarrollo industrial en pocas manos, problema endémico de la Argentina, que no haya integración vertical donde una empresa acapare toda la cadena, que no se restrinja el uso medicinal a ciertas patologías y que se reserve un espacio al autocultivo son puntos que Armada señala como fundamentales en la discusión que se viene. “En realidad, el proyecto no abre el debate por una regulación integral del cannabis, sino que estaba abierto hace rato en la Argentina y en muchos otros países –cierra Armada-. Hay un consenso cada vez más amplio de que la prohibición de una planta que lo único que ha hecho es mejorar la calidad de vida de las personas, evidencia un sistema de persecución, control social, estigmatización, extorción y la regulación totalmente irregular de mercados. Hay que mostrar las patas que sostienen el esquema prohibicionista, es tiempo de avanzar en ese rumbo.” Mientras tanto, fumando esperamos también ese debate.

Una nota de Nicolás G. Recoaro, publicada en la revista Rolling Stone, por acá

Diario de un albañil

04/05/2021

 “Me he visto en el espejo hace rato. Sé que supero en facha a un clochard parisino, a un homeless neoyorquino o a un simple croto de mi ciudad. Tengo la peluca y la barba teñida del blanco de la cal. Estoy transpirado y sucio. Y medio que avergüenza tener este aspecto. De repente, cae la mersa coqueta de dueños y arquitectos y mi hermano, el contratista (no puedo olvidarme del sketch de Olmedo), viene a reunirse con ellos. Me saluda y sigue de largo hacia la habitación donde están los demás. Yo sigo demoliendo pared con un martillo mecánico, pero a pesar del ruido, escucho: ‘así como lo ves, ese de ahí es mi hermano y es buen escritor’”. Así arranca Diario de un albañil, el nuevo libro del narrador, poeta y ensayista Mario Castells. Una base sólida como el cemento que es a la vez declaración de principios para edificar las memorias de un trabajador del gremio de la construcción en la Argentina. La historia de un albañil, o de miles.

Castells, albañil desde sus 14 años, es rosarino, hijo de migrantes paraguayos, la colectividad que, orgullosa, domina sudando la gota gorda el arte de la albañilería en estos pagos. Paraguay construcciones. Y aunque la Uocra patotee y haga oídos sordos, ¡el guaraní es el idioma oficial en el gremio! Diáspora de trabajadores precarizados, explotados, estigmatizados, olvidados en las obras de este país siempre multicultural, nunca intercultural. Los laburantes del ladrillo que construyen la Argentina todos los días.

Diario íntimo entre andamios, memorias familiares del exilio, tratado de sociología en obra, enciclopedia “con tapas de hormigón armado”, manual de supervivencia a la explotación. El flamante libro del autor de la brillante novela El mosto y la queresa (2012) y las crónicas de Trópico de Villa Diego (2014), trabaja todos esos registros con pala, cuchara, fratacho y, sobre todo, potente pluma.  

El jopará es el plato emblema del campesinado paraguayo que mezcla, siempre en partes desiguales, arroz, frijoles, fideos y maíz. Pero también es la lengua híbrida y mestiza que combina el guaraní paraguayo y el castellano. La heteroglosia conforma, o distorsiona, el habla de quienes viven en el Paraguay. También la de cientos de miles de migrantes que llegaron a estas pampas. Castells, que es coautor (junto a su hermano Carlos) del ensayo Rafael Barrett, el humanismo libertario en el Paraguay de la era liberal (2010), edifica en Diario de un albañil una prosa extrañada por la mezcla del guaraní, el castellano y el lunfardo picante: “Yo, mita’i cabezudo, bajé corriendo de mi petizo Cañete, mi primer caballo, y creyendo que era agua fresca, le metí alto tragazo, un trago de siete ñemoko (sorbos), como dice mi tío Kambalóre. Dionisio dijo: A la puta, ombojahu porã la kavaju itrágo. Puede bañar perfectamente al caballo con su trago. Pero después de semejante hazaña, mi opera prima como ‘contrario’, quedé completamente pichorö (pito amargo, ebrio)”. 

Una lengua de fascinante riqueza y dulzura con la cual Castells rescata las crudas historias de su familia y compañeros de andanzas y desandanzas. Pero no esperen un simple desfile de personajes. El diario hace carne las tensiones permanentes entre los sueños y deseos del laburante, frente a la realidad del yugo cotidiano en la obra. También da cuenta de las resistencias colectivas, como el jopói o Changa Paraguaya, el trabajo mancomunado que compromete a parientes, amigos y vecinos a prestar ayuda a un miembro de la comunidad a la hora de construir su hogar. Como todo ritual ancestral, se paga con un asadazo y mil cervezas al terminar la tarea. Dice Castells, el albañil letrado: “Una forma económica del amor que perdura, que sustenta lo mejor de nuestra colectividad”. Cuánta razón.

Una reseña de Nicolás G. Recoaro, publicada en Tiempo Argentino, por acá.

Generación de mierda

27/04/2021

Una de las pocas noticias universalmente buenas que hemos podido disfrutar en estos últimos aciagos años ha sido su campaña de vacunación: universal, sin distingo de clases, géneros, educación o religiones, la campaña de vacunación de alguna forma nos recordó de la importancia de un Estado fuerte y centralizado que no improvise políticas de la nada, sino que aprendan de lo que distintos gobiernos hicieron antes de él. Un formidable recordatorio que choca con un enemigo más poderoso que cualquier virus: la Generación de Mierda. 

Mientras se trataba de vacunar a los ancianos de más de sesenta años pudimos asistir a una verdadera fiesta tan cívica como sanitaria. Bastó que le tocara a los menores de cincuenta y cinco años ir a vacunarse para que los consultorios y vacunatorios del país se vaciaran bruscamente al mismo tiempo que iba subiendo por las redes sociales la densidad de las teorías conspirativas de los antivacunas.

Es fácil adivinar que mientras baje de edad, serán cada vez los que olvidan de pronto interrumpir una hora de sus actividades o inactividades diarias para prestar su brazo y protegerse del virus. Es cierto que los riesgos que asumen los cada vez más jóvenes con el contagio son menores que el que pueden sufrir los ancianos, pero no deja también de ser cierto que si queremos dejar de ocupar las mascarillas y volver a los bares y los abrazos es urgente conseguir la inmunidad de rebaño, o en su defecto una inmunidad “razonable”. De ellos depende el trabajo y la sobrevivencia de muchos de los que olvidan irse a vacunarse o de los que tienen sus propias teorías sobre las vacunas.  

No es un azar que lo que hayamos visto en los vacunatorios del país se parezca a lo que vemos elección tras elección en los locales de votación: filas y más filas de ancianos esperando su turno para votar, acompañado por la indiferencia más o menos habitual de los menores de 55 años que siempre tienen algo mejor que hacer que ir a votar, o que, como en el caso de las vacunas, creen que votar los hace más vulnerables y controlables e invitan sus propias teorías de la conspiración para convertir las elecciones en un día de vacaciones más.

La desconfianza en la democracia y las vacunas es inversamente proporcional a la cantidad de años que se ha vivido en el sistema neoliberal chileno. Los viejos que conocieron algo de un estado solidario y clases de educación cívica, pueden votar por la derecha o la izquierda o la centro izquierda (que es por lo que solían votar cuando ésta existía), pero no se les quita de la cabeza que la democracia somos todos y todos somos la democracia. Saben en carne propia que las decisiones que tomen los gobiernos influyen en su destino y que este destino no se puede separar del destino de los vecinos, los amigos, los enemigos. Saben que cada vacuna solitaria es parte de un gran todo. 

En la Generación de Mierda, la mía, se puede pensar que es bueno que todos se vacunen, pero ese “todo” difícilmente te incluye a ti. Para los nacidos después de 1964, la generación de los Elizaldes, los hermanos Rincón y los astuto de Evópolis, la política es el lugar donde van a caer los que no tuvieron talento en ninguna otra cosa. Para la generación criada en dictadura y crecida en los locos años noventa no vale la pena luchar por algo que es gratis. Más urgente es indignarse si no me dan “mi” tercer retiro del 10 por ciento. Que ese retiro, ejemplo máximo de capitalismo revolucionario, no sólo te hará más pobre a ti, sino más pobre a los más pobres y más pobres, y a la postre al país, poco importa. Parece incluso esto ser un argumento para exigirlo con más urgencia. Que “cague todo” no te incluye. Si no queda plata en las AFP “alguien” que tampoco somos nosotros, va a tener que reponer la plata. 

En sus vidas han visto como cada década fue un poco mejor que la anterior, piensan que eso no puede dejar de ser así. El lugar que les cabe en que Chile haya mantenido cierta continuidad, cierta tranquilidad, cierta coherencia, no lo tienen claro. La palabra responsabilidad que le repetían tanto los milicos y los militantes, cuando chicos, les resulta un vestigio del fascismo. A sus hijos que llamaron Alondra, Iker o María Música, o cualquier cosa que les resultaba chorra en el momento, le enseñaron a prescindir de esa aburrida responsabilidad para que fueran libres e hicieran lo que quisieran, aunque nunca le enseñaron a querer. 

La desconfianza, que es la inteligencia de los tontos, no puede con la simple modestia de votar y vacunarse como uno más. La lucha contra la vacuna, como la lucha contra la injusticia o por la libertad, puede vencer a muchos enemigos, pero hay uno que es para siempre invencible: ciudadanos dejan de serlo por voluntad propia. Esos vacunatorios y esas urnas vacías son un golpe de Estado permanente que nos promete para siempre un peor país cada día.

Un artículo de Rafael Gumucio, publicado en The Clinic, por acá.

El desalojo de un sueño

18/04/2021

Cuando vieron por primera vez aquel baldío en el suburbio del suburbio de Wilde, allá lejos en 2005, los trabajadores y las trabajadoras de la cooperativa Nueva Generación tuvieron un sueño. “Tener un espacio propio para laburar. Esto era puro yuyo, abandono, había un solo galponcito con un techo todo desmantelado. Ese fue nuestro primer taller de costura. Éramos 20 y teníamos cinco máquinas. Arrancamos de cero, aprendiendo el oficio porque no sabíamos ni poner una aguja, y acá estamos, con viento en contra por el desalojo, pero seguimos de pie y peleando”, dice Alicia Gutiérrez, miembro fundadora y actual presidenta de la cooperativa textil nacida y criada en el arrabal obrero de Avellaneda.

En el patio de la coope donde brilla el último sol de abril, Alicia habla con la sabiduría de quien ha peleado mil batallas en el campo popular. Milita en organizaciones sociales desde el ’88, cuando junto a sus vecinos recuperaron en una toma las tierras del barrio Unidad y Lucha. Y después de que el neoliberalismo estallara por los aires en diciembre de 2001, puso el cuerpo y el alma en la Interbarrial de Avellaneda y en la recuperación de la fábrica Sasetru.

En 2003, Alicia y otros cinco compañeros fundaron la Nueva Generación en un cuartito del polideportivo de Unidad y Lucha, “pero necesitábamos más espacio y entonces surgió la posibilidad de comprar acá”, recuerda. Los 25 mil pesos para pagar el lote de Coronel Méndez 671 los juntaron monedita por monedita en campeonatos de fútbol y truco, en festivales solidarios y en suculentos locrazos.

La punta del ovillo de esta historia autogestiva, hace memoria Alicia, fue dura: “Durísima. Hacíamos fogatitas de leña en tachos para aguantarnos el frío”. El bautismo de hilos fueron 50 guardapolvos agarrados casi con alfileres que les compró la Provincia de Buenos Aires. Con el tiempo y los sabios consejos de muchos trabajadores del gremio, se convirtieron en maestros de la costura.

Una crónica de Nicolás G. Recoaro, se lee completa en Tiempo Argentino, por acá.

The Osvaldo Baigorria Experience

16/04/2021

Arriba de la mesa hay un sobre de papel madera. Osvaldo Baigorria saca un pilón de fotografías curtidas de su interior. El escritor explica que, si tiene que hablar de sus viajes, fugas, vagabundeos, es mejor hacerlo con las imágenes a mano. En el living de su departamento en Palermo, dedica varios segundos a contemplarlas en silencio. Fueron capturadas por las lentes de una Leica IIIC y una Pentax K 1000 hace décadas. En ellas aparece un muchacho de porra afrolatina, a mitad de camino entre Hendrix y Santana, retratado en mil y un paisajes. Nevadas de metro y medio, frondosos bosques de vida comunitaria, urbes californianas, caminatas alucinógenas por territorios americanos. Postales de una vida on the road. † Esta tarde de febrero, aquel pibe nacido y criado en Mataderos que alguna vez decidió dejar atrás su laburo como cronista aspirante de la contracultura porteña para salir al camino y vivir en carne propia la vida errante va a trazar una cartografía de sus recuerdos andariegos. También de su presente como escritor outsider que, desde el margen, viene conquistando espacios cada vez más centrales en la literatura argentina contemporánea.

Soltar amarras. Baigorria dice que su pulsión nómade floreció a principios de los 70, con las últimas calenturas que regalaba el “verano del amor” tardío en estas pampas. Su formación intelectual, asegura, fue a través de una suerte de profesorado de café: “Ahí conocí personas que tomé como referentes para leer ciertos autores y temáticas. Como Néstor Perlongher, quien junto a otros estudiantes, militantes y poetas fundó el grupo de estudios Política Sexual, en el que pude acceder a diferentes lecturas de Marcuse, Freud, Marx, Wilhelm Reich. Con el grupo de estudios realizábamos intervenciones, como volanteadas y pintadas. También en aquellos años conocí a Miguel Grinberg, quien me acercó a la contracultura y a la literatura beat. Me llevó a la revista 2001, donde escribía la poeta Tamara Kamenszain. Ahí tuve mis primeras experiencias en el periodismo cultural. Escribí sobre William Blake, Arthur Rimbaud, los nuevos movimientos feministas, la revolución sexual. Recuerdo que el poeta correntino Martín Alvarenga me incitó a la lectura de Jack Kerouac. Me prestó Los vagabundos del Dharma, Los subterráneos y En el camino. Además, con él aprendí a hacer artesanías en cuero y metal, antes de irme de viaje”.Ads by

Para finales del 73 y principios del 74 decidió dejar Buenos Aires. La situación en Argentina empezaba a ser bastante represiva. “Junto con mi compañera, Milu, tomé la Ruta 9, que se convierte en la Panamericana, y recorrí todo el continente”, dice. “Viajábamos haciendo dedo, en trenes, en buses. Llegábamos a alguna ciudad de Latinoamérica y parábamos por un tiempo. Vendíamos artesanías y luego volvíamos a partir, hacia el norte. El objetivo era llegar a San Francisco”.

Como un fugitivo, Baigorria decidió escapar de Buenos Aires, previo al baño de sangre del Proceso cívico-militar. Se puso a la espalda una pesada mochila repleta de alambres y herramientas para forjar artesanías. La idea era hacerse la América rumbo a la tierra prometida de la contracultura. En el horizonte divisaba un paisaje imaginario, enclavado en la occidental costa brava estadounidense. California dreamin’. Paraíso del amor libre, las drogas, la psicodelia, el rock. Cuando llegó a destino, el panorama era muy distinto.

Un perfil firmado por Nicolás G. Recoaro en la revista Rolling Stone. Se lee completo por acá.

Crónica de una urbanización trucha en la Villa 31

08/03/2021

 A pocos días de haberse mudado, la familia Ríos sintió el engaño en carne propia. Javier y su esposa Melany comparten su angustia en la cocina del departamento que habitan a duras penas hace tan solo dos meses en el Edificio 18, del sector conocido como YPF, en el Barrio Padre Carlos Mugica (ex Villa 31). Tiran la bronca por el polvillo que cae del cielorraso, por los desagües que se inundan, por las filtraciones, por la guía del placar que se vino abajo y de milagro no les partió la cabeza. También por la pérdida de los flacos ahorros a los que tuvieron que echar mano para poner en condiciones la casa a estrenar por la que tanto lucharon.

Javier trabaja en la construcción. Es albañil desde muy pibe. Hace unas semanas, en tiempo récord, se dio maña para meterle enduido de yeso al techo completo. Así evitó que su hijo Jael siguiera respirando el polvillo que le provocaba alergia permanente. “Cuando paso caminando frente a la canchita adonde estaba nuestra vieja casa, me da mucha tristeza –dice Melany, mira a Jael que hoy duerme en paz la siesta, luego recuerda–, es que la habíamos levantado con nuestro trabajo, con mucho esfuerzo. Ahora estamos acá y no se puede volver el tiempo atrás. En campaña los funcionarios de Ciudad nos prometían el cielo. Cuando nos vinimos, nos dimos cuenta de que eran solo espejitos de colores. Por eso la bronca”.

Al igual que los Ríos, muchas de las 892 familias que se mudaron desde el Bajo Autopista cargando sus sueños eternos de una vivienda digna y un futuro mejor vieron cómo esas quimeras se convirtieron en una pesadilla cotidiana repleta de problemas. Sus denuncias sobre las condiciones habitacionales de los flamantes inmuebles del sector YPF fueron relevadas en un reciente informe de la Defensoría del Pueblo porteña (ver aparte). El escrito habla de la deficiencia en la prestación de servicios públicos, de infraestructura inadecuada, de la falta de condiciones de seguridad, de la frágil sostenibilidad del proceso y adjudicación de viviendas y locales comerciales, entre muchas otras calamidades.

Según reza un informe de la Secretaría de Integración Social y Urbana (SISU), son 1044 las viviendas que se construyeron en YPF. Veinticuatro edificios, distribuidos en cuatro manzanas, que cobijan dos núcleos cada uno. Forjados en chapa, aislante, paredes de frágil Durlock y material de descarte. La postal siempre colorida y aún pintoresca desde las alturas de la autopista oculta las condiciones precarias de sus entrañas. Pegado al complejo está el Ministerio de Educación porteño, erigido en el Polo Educativo María Elena Walsh. El vidrioso edificio de aires minimalistas le da la espalda al barrio popular. El Estado también.

“Los vecinos decimos que son como los nuevos conventillos. Larreta saca los de La Boca y abre estos acá. Es lo de siempre, un solución habitacional trucha”, explica Silvana Olivera, referente de la Mesa de Urbanización Participativa que llevan adelante los vecinos del Mugica para monitorear el demorado proceso de urbanización. Entre las moles, Olivera enumera: “Los tornillos de las chapas se sacan con la mano, los caños van por fuera del edificio, explotaron las cocinas, no hay rampas. El gobierno viola las normativas de edificación de la propia ciudad que maneja. Esto no está pensado para incluirnos, nos siguen discriminando”.

Vulnerables

Hace más de dos décadas, doña Delia Condorpocco dejó atrás la Villa Imperial del Cusco y encontró un nuevo hogar en la Villa 31. Esta migrante peruana se ganó el mango como empleada doméstica y ayudante de cocina. Compró ladrillo por ladrillo y pudo construir una vivienda en el Bajo Autopista. En la casa 14 de la manzana 35 crió a sus tres hijos: Cristian, Nicole y Denis. También abrió un bar-almacén, El Escondite, donde vendía manjares de la gastronomía andina: sopa de maní, plato paceño, ceviche. En el espacio también funcionaba el merendero Los Chinitos. Apurada, con el Covid al acecho, Delia y sus guaguas se mudaron al YPF hace cinco meses: “Un dos ambientes para cuatro. Nunca me reconocieron el local. Estoy haciendo changas por hora y trabajando en un restaurante. Dígame cómo voy a hacer para pagarlo. Porque no es un regalo. Hay una hipoteca de 30 años atrás”, resalta. Doña Condorpocco extraña su comedor, ayudar a los vecinos, trabajar en su localcito. En plena pandemia, se siente aislada una vez más. Concluye: “Nos discriminan por ser pobres”.

La Escuelita es un espacio cultural y educativo con más de 30 años de historia en la villa. Desde que fue mudado al YPF, nunca más volvió a la vieja normalidad de clases de apoyo y actividades recreativas para los pibes del barrio. De las paredes de la cocina brota agua. “La bomba que alimenta el edificio está pinchada. Filtra, y se inunda si no escurrimos y pasamos el trapo cada dos horas. Las conexiones eléctricas son un peligro. Decime cómo van a poder venir los chicos acá”, pregunta Johana Ruiz, motor de las clases de apoyo, al tiempo que le da sin respiro al secador. De las autoridades, agrega, aún no tienen respuestas: “Dicen que van a venir a arreglar, que faltan los materiales. Así pasan las semanas y nosotros seguimos escurriendo. A muchos vecinos les pasa lo mismo. Pensábamos que íbamos a tener una vivienda digna, pero seguimos siendo vulnerables”.

Como en Irak

Parece el paisaje dejado atrás por un bombardeo. Escombros, montañas de basura, criadero de ratas y mosquitos, inseguridad, más escombros. Así luce el Bajo Autopista esta tarde de marzo que ya casi es noche. Más de cien familias todavía esperan una solución habitacional.

Olenka Moya Figueroa y sus cuatro hijos resisten en la manzana 35. De sus vecinos, cuenta, solo quedó el bicicletero. Por la burocracia, por un problema en un censo, esta cocinera no pudo acceder aún a la vivienda que necesita. “Esta es mi casa, no creció como un arbolito. Los funcionarios se manejan de manera material, no hacen trabajo social. Ellos quieren deshacerse de nosotros, puras promesas. Gente que necesita somos”, dice Olenka frente a su casa, la número 18.

Ramona Domínguez es peluquera. Lo sugieren la tijerita que cuelga de una cadenita en su cuello y su luminoso rubio bien planchado. Lucha por una vivienda digna hace años. Vive en la casa 23. Donde también funciona Rodri, su ordenado y aun colorido salón de belleza. “Esto de noche es una boca de lobos y no pasa la policía. Por los escombros, parece Irak. Es la pelea de todos los días hasta conseguir lo que es justo, una casa y mi local, que es lo que alimenta a mi familia”, explica Ramona, madre soltera de dos varones, Thiago y Rodrigo. Cuando derribaron la casa de los vecinos de arriba, se le agrietó el techo. Ahora que van a tirar la de atrás, teme que se venga abajo una pared. “Ya no les creo a los funcionarios. Juegan al desgaste. Estamos defraudados. Los que se mudan, a las semanas se dan cuenta de que las casas tienen problemas estructurales. ¿Cómo van a durar 30 años?”. Ramona dice que no le queda otra que seguir luchando. Resistiendo en su casa. La única que queda en pie en la manzana 36. Bajo la oscura sombra de hormigón de la autopista Illia.  «

Una crónica de Nicolás G. Recoaro, publicada en Tiempo Argentino, por acá.

Improvisar una biografía

15/02/2021

Editada por primera vez en 2004, Correrías de un infiel , de Osvaldo Baigorria, desconcertó bastante en sus primeros años de circulación. En el centro de la novela aparece el retrato alucinado de otro Baigorria, el famoso coronel unitario que, ante el asedio de Rosas, pasó veinte años refugiado entre ranqueles (de 1831 a 1852), hizo buenas migas al sur de la frontera y se convirtió en cacique. La biografía, la no-ficción y la crónica, géneros que tradicionalmente tensionaron el discurso histórico, son a su vez tensionados por el autor, que se da a la doble tarea de escribir una ficción y, al mismo tiempo, poner en el mundo un estilo.

La vitalidad que ofrece el paso de un registro a otro sobre el trazo firme de una escritura sin vacilaciones y una sorpresiva capacidad de interpelación, caracterizan a este texto que la editorial independiente Blatt & Ríos acaba de rescatar.

Leé la reseña firmada por Jeremías Pereyra en La Izquierda Diario, por acá.