Miseria, inseguridad y gatillo fácil

Los nuevos fusilamientos de José León Suárez, donde el 3 de febrero dos menores fueron baleados por policías de la provincia de Buenos Aires tras el intento de saqueo a un tren descarrilado, son resultado de un tríptico que abarca a las poblaciones marginales bautizadas “villas miseria” (aunque en los últimos años en Argentina se haya olvidado el calificativo para dejar sólo el nombre “villas”), la violencia que causa la desigualdad social (profunda aunque algunos celebren que se vaya reduciendo a cuentagotas en los porcentajes) y el recurso al gatillo fácil por fuerzas de “seguridad” sin control. De este último tema se ocupa Horacio Verbitsky en su nota “Por la espalda” en Página/12 de ayer, que apunta sobre todo a las responsabilidades del ministro de Justicia y Seguridad bonaerense Ricardo Casal (si bien menciona, de paso, la deuda social del país entero con los habitantes de las villas). Dice Verbitsky:

“El gravísimo episodio del jueves en José León Suárez, partido de San Martín, en el que dos adolescentes fueron asesinados por policías de la provincia de Buenos Aires, es una consecuencia directa de los dos pilares en los que sustenta su gestión el ministro de Justicia y Seguridad, alcaide mayor Ricardo Casal. Formado en el temible Servicio Penitenciario Bonaerense durante los peores años de la dictadura militar, Casal delega el gobierno de la seguridad en la propia agencia policial y demoniza a los jóvenes, quienes son presentados con lenguaje bélico y tono de urgencia como un enemigo a destruir.

“La versión policial, ratificada a libro cerrado por Casal, señala que una banda de delincuentes colocó obstáculos en las vías al paso de una formación de carga y, luego de su descarrilamiento, se lanzó a saquearla. La llegada de un móvil policial, por denuncia telefónica al 911, habría sido recibida a tiros. Al contestar el fuego se habrían producido las bajas. La empresa ferroviaria informó dos intentos similares en el mismo lugar el último mes del año pasado. Vecinos de la zona afirman que entonces se repartieron con la policía lo que pudieron sacar del tren, azúcar una vez, porotos la otra. Leonardo Grosso, quien realiza trabajo social en la villa La Cárcova y es militante juvenil del Movimiento Evita refuta la versión de la policía y el ministro. “La policía fue a buscar venganza”, porque horas antes, muy cerca de allí, había sido asesinado el subteniente Marcelo Luis Houriet, del Destacamento Buen Ayre de la Policía de Seguridad Vial. Casal dijo que en los últimos cinco años tuvieron lugar seis robos con el mismo método en José León Suárez y explicó que “los delincuentes se mezclan con la mayoría de gente trabajadora. Pretenden esconderse bajo la apariencia de opresión social y tratan de enmascarar un robo como un descarrilamiento”. Sin embargo, uno de los adolescentes muertos y varios de los heridos tienen impactos de bala en la espalda y no hay ni siquiera un herido entre las fuerzas policiales, lo cual no se ajusta a un enfrentamiento entre dos grupos armados.

“Los voceros oficiosos dicen que hay marcas de bala en uno de los patrulleros, pero ninguna fuente imparcial confirmó esa versión y, en caso de ser cierta, cuándo y de qué modo se produjeron.

“Ni siquiera los informes oficiales afirman que los muertos formaran parte de la presunta banda y todas las fuentes señalan que una vez volcado el tren, muchas personas de las villas vecinas se precipitaron para el alijo de sus mercancías. Sobre ese conglomerado, que incluía mujeres y niños, abrieron fuego las fuerzas que responden a Casal. Cuando los vecinos indignados por los asesinatos protestaron frente a la comisaría 4a de San Martín, catorce adolescentes fueron privados de su libertad.

“En lo que no hay disidencias es en el nivel abrumador de pobreza de las personas que viven en las villas que bordean esas vías y a diario marchan en grupo hacia la sede del Ceamse, donde durante una hora y media les permiten escarbar en los cargamentos de residuos domiciliarios en busca de alimentos. Ceamse pretendía ocupar nuevos terrenos en Campo de Mayo para seguir amontonando basura, pero el gobierno nacional no le dio la autorización y exigió en cambio inversiones en tecnología que permitieran una tarea menos primitiva y sin extender la superficie involucrada. Mientras se discutía la solicitud, funcionarios nacionales visitaron el lugar y documentaron todo lo que sucedía. Quienes vieron a familias enteras con sus hijos pequeños revolviendo la inmundicia hasta encontrar una manzana, dicen que fue la experiencia más dura de su vida, lo cual señala la insuficiencia de todos los planes sociales y constituye una vergüenza nacional, provincial y municipal. Si a esto se suma la alevosa agresión policial justificada por el ministro, el escándalo es completo y toda demora en actuar compromete la responsabilidad de quienes puedan hacerlo y no lo hagan”.

La nota completa se lee con un click acá.

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