Ropa sucia

La presión crece. Una metodista toma los tiempos de producción con cronómetro y el control se respira en la nuca. Nueve operarixs en cada mesa se distribuyen las piezas de tela. Unas manos unen los hombros, otras cierran el lateral y pegan las tres tiras. Mientras, se arman los cuellos y luego se les agrega la etiqueta trasera. Los dedos ágiles parecen hacer pases de magia entre el género que se desliza bajo la aguja. Hay que hacer coincidir las franjas, no dejar frunces. Se cose para las mega marcas Adidas y Nike. Camisetas de primera línea para el equipo de la selección nacional de AFA y para clubes de primera como River y Estudiantes. Últimos modelos deportivos que brillarán en las vidrieras unos días después. Algunas otras prendas también se exportan. Para que esos súper logos sean posibles en las actuales condiciones de trabajo, hoy lxs costurerxs no pueden casi ni levantarse de su puesto. Ir al baño se convierte en un lujo y una pesadilla al volver corriendo y ver los cortes acumulados, desobedeciendo al cronómetro.

Mientras tanto, en el Palacio de Justicia, el Tribunal Oral Número Cinco es escenario del racismo desinhibido de la abogada defensora de los empresarios y dueños del taller textil de la calle Luis Viale, donde murieron seis personas en un incendio hace diez años. La “letrada” -como dice la jerga leguleya- habla de lxs trabajadorxs migrantes de Bolivia argumentando que “en el contexto en el que se mueve, su mente es bastante primitiva”, propone justificar la explotación en nombre de que “en su lugar de origen viven en peores condiciones”, cree que puede tratarse de “delitos culturalmente motivados”. No son situaciones muy distantes: son lugares desde los que se difunden socialmente imágenes de racismo y de disciplinamiento laboral frente a los despidos y al ajuste, donde lo que se busca es expandir el miedo como fórmula de explicación de lo que sucede, y de obligar al conjunto de lxs trabajadorxs -más allá de su nacionalidad- al acato a la jerarquía y a las amenazas. Son mensajes que se envían al conjunto de la sociedad y que exceden por lejos al recinto del tribunal o a las paredes de una fábrica. Este martes, sin embargo, la sentencia del tribunal dio un paso promisorio: además de la condena de trece años de prisión a los dos talleristas a cargo del lugar (uno argentino, otro boliviano), también se ordenó la investigación a los dueños de las marcas para las que trabajaba el taller, Daniel Fischberg y Jaime Geiler, así como a los inspectores y a la policía.

Se lee completo en el suplemento Las 12 de Página 12, por acá.

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